Historia

La dictadura:

Todo comenzó en 1939. Ese año terminaba en España la Guerra Civil española con una clara derrota del bando republicano, el exilio de sus más altos cargos y la instauración de un nuevo modelo de gobierno encabezado por el líder del bando nacional, Francisco Franco Bahamonde. Entre las penurias de la guerra, la incertidumbre de la reconstrucción de un país en ruinas y la sombra del hambre y la barbarie acechando, los españoles afrontaban una etapa autoritaria que definiría al país durante los siguientes 36 años.

A diferencia de lo que pasó en Alemania con Hitler o en Rusia como Stalin, el franquismo no parecía tener una línea ideológica en la que basarse ni unos objetivos específicos claros. El llamado Movimiento Nacional, el partido único que creó el régimen, reunía a las principales fuerzas que habían apoyado a Franco durante la guerra (derecha, falangistas, católicos, carlistas, monárquicos, mundo castrense) pero incluso ellos tenían sus diferencias internas. Es por esto que el franquismo basó su supervivencia en el respeto que todas estas “familias” profesaban por Franco. Él era la pieza clave de la dictadura, la autoridad que conseguía aunar al resto de fuerzas y reorganizar el funcionamiento del país con el fin de que su sistema autoritario y personalista sobreviviera. Son muchos los historiadores que coinciden en señalar que la principal razón por la que el franquismo se mantuvo a flote tanto tiempo fue la capacidad que tenía para adaptarse a las circunstancias, buscando siempre las que fueran más favorables.

Es lógico decir que, en más de tres décadas, la dictadura no fue siempre estable e igual en todos sus tramos. Si bien aspectos como el control paternalista del estado, la falta de libertades propias de una democracia (de lo que Franco presumía ser) y el uso de la represión para silenciar voces molestas son constantes, hay muchas otras características que van cambiando. Los años de escasez de la posguerra y su postura claramente profascista dieron paso a un lavado de cara con la religión católica como estrella invitada. Después vino el “milagro económico” y sus cambios a nivel social y por último la agitación y el rechazo que precedieron a la caída. Cuando Franco murió el 20 de noviembre de 1975, todo lo que había construido en 36 años se desvaneció en menos de un lustro.

En esta galería recopilamos las características más importantes y los momentos clave de la dictadura franquista.

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/el-franquismo-historia-de-una-dictadura-hecha-a-medida

Historia de España

II República Española 1931-1939

 Elecciones 28 de junio de 1931Elecciones 19 de noviembre de 1933Elecciones 16 de febrero de 1936

Tras la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, los sucesivos gobiernos de Berenguer y Aznar no consiguen restablecer un orden constitucional capaz de asegurar la pervivencia de la monarquía.

Las aspiraciones de democratización y modernización del país habían ido cobrando fuerza no sólo en sectores intelectuales y políticos sino también en los movimientos de masas. En este marco reivindicativo, la República se concibe como la forma de Estado más idónea para llevarlas a cabo.

Llegada del Gobierno Provisional, para la apertura de las Cortes Constituyentes, 14 de julio 1931

Los hechos se suceden con rapidez. El 27 de agosto se firma el Pacto de San Sebastián

entre monárquicos desencantados, como Alcalá Zamora, republicanos y nacionalistas, y también algunos representantes de los socialistas. El 30 de diciembre tiene lugar la sublevación de Jaca encabezada por los militares Galán y García Hernández que, pese a su fracaso, serían considerados como los primeros héroes de la República.

El 12 de abril de 1931, como primer paso del programa electoral del almirante Aznar, se celebran las elecciones municipales, que se interpretan como un auténtico plebiscito entre monarquía y república. La victoria de los republicanos en la mayor parte de las capitales de provincia y, sobre todo, en Madrid, Barcelona y Valencia, se considera un triunfo indiscutible y en el plazo de cuarenta y ocho horas la bandera tricolor se iza en todas las fachadas de los ayuntamientos: “España se acostó monárquica y se levantó republicana”, diría el almirante Aznar. Así, dos días después de celebrarse los comicios, se proclama la República y el rey Alfonso XIII sale de España.

Inmediatamente, se forma un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, del partido de Derecha Liberal Republicana, que permanece hasta diciembre de 1931. La misma noche del 14 de abril, el Gobierno decreta una amnistía para los delitos políticos, sociales y de imprenta, pero el decreto más importante de este Gobierno provisional es el que fija su propio estatuto jurídico, estableciendo para su actuación un marco mínimo de garantías, como la libertad de cultos y creencias y  el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Cortes constituyentes, 1931-1933

Las elecciones a estas Cortes se rigen por la Ley electoral de 1907,  con algunos de sus artículos modificados por decreto de 8 de mayo de 1931. En dicho decreto se sustituyen los distritos electorales por circunscripciones provinciales con el fin de evitar prácticas caciquiles y añadir mayor proporcionalidad entre el número de electores y de elegibles, se incorpora a las mujeres y al clero a la calidad de elegibles y se reduce la edad exigida para ejercer el derecho a voto de los 25 a los 23 años.

Los resultados electorales dan una aplastante victoria a la conjunción republicano-socialista, integrada por un buen número de destacados  intelectuales: Unamuno, Marañón, Sánchez Román, Madariaga, Ortega y Gasset… (Miguel de Unamuno junto a los diputados de la circunscripción de Salamanca y credencial de José Ortega y Gasset por la de León,  en las elecciones de 28 de junio de  1931)

El 14 de julio de 1931 tiene lugar la apertura de las Cortes Constituyentes, en dicha sesión después del discurso del presidente del gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá Zamora se procede a elegir la mesa interina de las mismas, donde saldrá elegido Julián Besteiro como presidente  La sesión finaliza con el discurso del presidente que es acogido con grandes aplausos y muestras unánimes de asentimiento.

Se constituye una comisión parlamentaria, presidida por Luis Jiménez de Asúa, para  emitir dictamen sobre el texto constitucional. Enseguida afloran los puntos más conflictivos del debate: la cuestión religiosa (que provoca la dimisión de Alcalá Zamora como presidente del Consejo y su sustitución por Azaña), la relativa a la propiedad y la autonómica, así como el voto femenino, que da lugar a encendidos debates entre Victoria Kent y Clara Campoamor. (Diputadas por Madrid en las elecciones de 28 de junio de 1931) (Busto de Clara Campoamor, en metacrilato, vidrio y acero  por Marina Núñez, obra incorporada a la colección artística del Congreso de los Diputados con motivo del setenta y cinco aniversario del sufragio femenino en España, 2006)

Finalmente, la Constitución española de 1931 es aprobada el 9 de diciembre. Alcalá Zamora es nombrado Presidente de la República en la sesión solemne del día 15.

Se aprueban una serie de leyes que suponen importantes reformas sociales e institucionales, algunas de ellas antes de la Constitución, como la Ley de Defensa de la República, de 20 de octubre, o la que establece las atribuciones de la Comisión de Responsabilidades, de 27 de agosto.  La Ley de la Reforma Agraria tropieza pronto con las dificultades que entraña su aplicación. Gran relevancia tienen también las leyes de secularización de cementerios, matrimonio civil y divorcio, así como la de Asociaciones profesionales o la de Ordenación bancaria.

La Comisión Constitucional se encarga de los dos estatutos de autonomía que se tramitan en esta legislatura: el Estatuto de Cataluña y el del País Vasco. La Ley Orgánica de 14 de junio de 1933 regula el Tribunal de Garantías Constitucionales (parte1) y (parte 2), establecido en el artículo 122 de la Constitución.

Cortes, 1933-1935

En las elecciones celebradas el 19 de noviembre resultan vencedoras las fuerzas de la derecha, integradas en la C.E.D.A (Confederación española de derechas autónomas).

La labor rectificadora de este nuevo Gobierno y de estas nuevas Cortes respecto de la obra reformista del bienio anterior se pone enseguida de manifiesto, primero con decretos como el de abolición del de intensificación de cultivos o el de modificación de los jurados mixtos. Las Cortes aprueban la Ley Electoral, la de Amnistía, Arrendamientos y Reforma agraria.

Entre los hechos más relevantes de esta legislatura están los sucesos de octubre de 1934, con la proclamación del Estado Federado Catalán y la Revolución de Asturias.

Las normas de funcionamiento de la Cámara son las establecidas en el Reglamento Provisional de 1931, hasta que el 29 de noviembre de 1934 se aprueba un nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados.

Enlace: https://www.congreso.es/cem/iirepesp

historiA

La Guerra de Sucesión

batalla de denian

La guerra de sucesión fue un conflicto que duró 12 años desde 1701 hasta 1713 con el Tratado de Utrech. El testamento de Carlos II no suscitó en un principio ninguna oposición; todos los soberanos —a excepción del Emperador— reconocieron al duque de Anjou como rey de España y, en abril de 1701, Felipe V hizo su entrada en Madrid; pero las torpezas de Luis XIV hicieron cambiar la situación. En febrero de 1701 dio a entender que su nieto podría, en determinadas circunstancias, conservar sus derechos sobre la corona de Francia; con ello se retractaba de las garantías dadas de que Francia y España no se reunirían jamás bajo la autoridad de un único rey. Al mismo tiempo, actuando en nombre de Felipe V, Luis XIV ocupó los Países Bajos. Estas declaraciones y estas acciones aparecieron como otras tantas provocaciones.

Inicio de la Guerra de Sucesión

Las Provincias Unidas e Inglaterra se acercaron entonces al Emperador y se comprometieron a otorgar la sucesión de España a su segundo hijo, el archiduque Carlos de Austria. En septiembre de 1701 se formo una coalición que, en junio de 1702, declaró la guerra a Francia y a España. Portugal se unió a ella en mayo de 1703. El conflicto dinástico en torno a la sucesión de España desembocó así en una guerra internacional y, en el interior de la Península, en una guerra civil entre los partidarios de cada uno de los pretendientes.
En la Península, los aliados comenzaron cosechando éxitos. Los ingleses se apoderaron de Gibraltar (1704) y de Barcelona (1705). Cataluña, Valencia y Aragón se aliaron al archiduque. Se organizó la contraofensiva que permitió a los franco-españoles derrotar a sus adversarios en Almansa, no lejos de Valencia, en abril de 1707. En realidad, la partida se jugó en Flandes y en el Rin. Tras algunos éxitos iniciales, los franceses retrocedieron en todos los frentes. En 1708 perdieron Lille y vieron el territorio de Francia invadido. Luis XIV estaba a punto de abandonar el combate, pero sus adversarios le pusieron condiciones inaceptables: le exigieron que cediera Alsacia, Estrasburgo y Lille, y que el ejército francés expulsara de España a Felipe V.

felipe V
Felipe V

Fin de la Guerra y El Tratado de Utrecht

Las hostilidades se reanudaron. Desde el punto de vista militar, Felipe V ganó la partida. Inglaterra y Holanda se resignaron a reconocer a Felipe V como rey de España. Se firmó el tratado de Utrecht, en abril de 1713. Inglaterra conservó Gibraltar y la isla de Menorca, ocupada durante la guerra, y obtuvo cláusulas especialmente ventajosas en el ámbito económico: el monopolio de la trata de negros en América y el derecho a enviar a las Indias todos los años un barco mercante de quinientas toneladas. Este navío, llamado de permiso, abrió una brecha en el monopolio comercial de España colonial. Por un acuerdo posterior, firmado en 1714, España cedió al Imperio los Países Bajos, Nápoles, el Milanesado y Cerdeña.

mapa tratado de utrech
Mapa del Tratado de Utrech

Perdida de los Fueros de los reinos de España

La invasión extranjera fue lo que desencadenó la guerra civil en el interior de España. En la Corona de Aragón, la mayoría de la población tomó partido contra los Borbones. Para explicar este rechazo, resulta tentador evocar el miedo de aquellos territorios a perder un estatuto de autonomía al que estaban muy apegados. Carlos de Austria, que era un Habsburgo, parecía ofrecer garantías. En ningún momento se puso de manifiesto la voluntad de aprovechar las circunstancias para separarse de Castilla. Aragoneses, catalanes y valencianos lucharon por el régimen futuro de toda España, no por la suerte de sus patrias respectivas. La defensa de los fueros sólo apareció más tarde, tras la batalla de Almansa (1707), cuando Felipe V declaró la abolición del estatuto de autonomía del reino de Valencia. Este precedente inquietó a los demás integrantes de la Corona de Aragón y los fortaleció en su actitud, pero no creó la oposición a los Borbones; ésta ya existía. La abolición del estatuto de autonomía de Valencia, y después el de los demás territorios de la Corona de Aragón, debe interpretarse como una sanción contra los súbditos rebeldes más que como la aplicación de un centralismo doctrinal. La ciudad de Barcelona prolongó su resistencia a los Borbones después de la paz de Utrecht. El asalto final tuvo lugar el 11 de septiembre de 1714. Barcelona capituló el 15. Al año siguiente, Aragón y Cataluña perdieron sus fueros.

Enlace: https://historiaespana.es/edad-moderna/guerra-de-sucesion

Historia: La desamortización

La propiedad de la tierra durante el Antiguo Régimen

Durante muchos siglos y el propio siglo XIX, la agricultura fue la actividad más importante de la economía española, tanto por la población activa empleada (dos tercios del total) como por el volumen de riqueza generada. Sin embargo, hasta finales de siglo el campo español soportó una permanente situación de atraso como consecuencia de una desigual distribución de la tierra, de la ausencia de innovaciones tecnológicas y de los bajos rendimientos, todo ello sobre la base de unas condiciones físicas especiales (suelos y clima) que obstaculizaban el desarrollo del sector agrario en nuestro país. Por ello, era imprescindible poner en marcha una serie de medidas que transformaran la agricultura y la adaptaran al nuevo sistema económico capitalista.

En la España del Antiguo Régimen la propiedad de la tierra se repartía de forma desigual, acaparando gran cantidad de tierras los estamentos privilegiados (nobleza y clero), en tanto que una inmensa masa de campesinos carecía de ellas. Tierras que, por otro lado, y debido a la existencia de determinadas trabas jurídicas, no podían venderse. Así, las propiedades pertenecientes a la nobleza (señoríos jurisdiccionales) estaban sujetas al mayorazgo, que impedía su división y enajenación (venta o cesión de una propiedad). En cuanto a las propiedades de la Iglesia, considerada ésta como propietario colectivo, tampoco podían venderse pues eran definidos como «bienes de manos muertas«. En situación similar se encontraban los bienes de otro propietario colectivo: los municipios, dueños de bienes aprovechados comunitariamente por los vecinos (comunales) o explotados por el Ayuntamiento, para su administración (propios).

tierras amortizadas

La revolución liberal

La revolución liberal, iniciada en las Cortes de Cádiz (1810-1813) e impulsada por diversos gobiernos progresistas como los del Trienio Liberal (1821-1823) y los de Mendizábal (1835-1837) durante la Regencia de Mª Cristina, llevó a cabo una serie de reformas económicas que eliminaron las trabas y limitaciones que imponía el Antiguo Régimen (señoríos, mayorazgo, bienes comunales y de propios, de manos muertas…), que impedían el desarrollo de la propiedad privada y del mercado libre.

  • La disolución del régimen señorial (señoríos jurisdiccionales).
  • La desvinculación de las tierras de los nobles y su salida al mercado libre (supresión de los mayorazgos).
  • La eliminación del impuesto del diezmo en favor de la Iglesia, sustituido por un impuesto para el sostenimiento del clero.
  • La desamortización de los bienes del clero y de los ayuntamientos.

Así, la disolución del régimen señorial, proceso iniciado en las Cortes de Cádiz y concluido en 1837, significó acabar con los derechos jurídicos que los nobles o señores poseían sobre sus vasallos que de este modo dejaron de serlo, al tiempo que los mismos nobles se convertían en propietarios particulares de las tierras pero con la salvedad de poder vender sus tierras libremente. Esa medida se acompaña de la desvinculación o supresión de los mayorazgos que significa la liquidación de las limitaciones jurídicas a la libre disposición sobre los bienes por parte de los nobles. Hay que recordar que dentro de las familias nobles, el mayorazgo era la herencia en bloque de todas las tierras al hijo varón mayor que así perpetuaba la posición privilegiada del estamento de los nobles. Con su desvinculación, los bienes de la nobleza fueron declarados libres y, por tanto, podían ser vendidos por sus titulares, cosa que hasta entonces no estaba permitido.

Aclarar que la palabra desvinculación se aplicaba a los bienes de los seglares, y la de desamortización, a los bienes de los eclesiásticos.

Las reformas liberales del reinado de Isabel IIª

Fernando VII siempre apoyó el absolutismo y se opuso a las reformas liberales, salvo cuando fue obligado durante el Trienio Liberal. Así, el largo reinado de Isabel IIª (1833-1868) supuso para la Historia de España, una época de profundos cambios, durante el cual se produjo la transición política desde el absolutismo monárquico al liberalismo y el paso de una economía y sociedad propias del Antiguo Régimen a un sistema capitalista moderno. Es lo que conocemos como revolución liberal-burguesa o consolidación del sistema político liberal en España, fue un proceso complejo, lleno de cambios y de agitación política, puesto que se puso en marcha bajo la oposición del carlismo (una nueva versión del absolutismo) y con la intervención constante de los militares en los asuntos políticos (pronunciamientos liberales). El liberalismo llegó de la mano de dos partidos políticos que se fueron alternando en el poder: los moderados y los progresistas, liderados por políticos como Martínez de la Rosa o Narváez entre los moderados y Mendizábal o Espartero entre los progresistas. Fuera del sistema de partidos liberales quedaba el carlismo, que reclamaba el trono español para el pretendiente Carlos Mª Isidro y que fue apoyado por la Iglesia española (sobre todo su jerarquía eclesiástica) y amplios sectores del campesinado conservador en la 1ª guerra carlista (1833-1840) durante la Regencia de María Cristina de Borbón.

Al comienzo de la primera regencia, la Reina Mª Cristina encarga formar gobierno al liberal moderado Martínez de la Rosa pero su gobierno fracasa a pesar de las reformas iniciadas (Estatuto Real, nueva división provincial de Javier de Burgos, liberalización del comercio, industria y transportes, libertad de prensa limitada y restablecimiento de la Milicia Nacional). Así, en 1834 y 1835, la guerra carlista y la desastrosa situación económica del país provocaron sublevaciones y revueltas que llevaron al gobierno a los progresistas, con Juan Álvarez Mendizábal al frente, que inmediatamente inició una serie de reformas con el fin de recabar fondos para ganar la guerra carlista y eliminar, al mismo tiempo, la deuda pública. Esas reformas se concretaron en el Real Decreto de 19 de febrero de 1836 declarando la venta de los bienes del clero, más conocido como «desamortización de Mendizábal» por el político liberal progresista que la promovió y que entonces aunaba de manera interina y excepcional los cargos de presidente del gobierno y el de ministro de Hacienda. Aunque Mendizábal fue pronto destituido como jefe de gobierno y ministro las reformas liberales continuaron, fruto de ello se elaboró una nueva Constitución en 1837.

Valor de los bienes desamortizados

El proceso desamortizador

Aunque el proceso desamortizador se vincula normalmente a la revolución liberal burguesa del siglo XIX y especialmente a los gobiernos liberales, ya había comenzado de algún modo el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III con la expulsión de la orden religiosa de los jesuitas en 1767. Este dilatado proceso de ventas no fue continuo, sino resultado de varias desamortizaciones: la de Godoy, ministro de Carlos IV (1798); la de las Cortes de Cádiz (enero y septiembre de 1813); la del Trienio Liberal (1820-1823); la de Mendizábal (1836) y cuyas ventas se prolongaron hasta 1851, y la de Pascual Madoz (1855), cuyas ventas afectaron sobre todo a los bienes de propios y comunes de los ayuntamientos que se prolongaron hasta 1924.

La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego el de los bienes de los pueblos, fue la medida práctica de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales, y se desarrolló durante todo el siglo XIX e incluso del XX. El hecho de desamortizar tales bienes suponía dos momentos bien diferenciados: primero, la incautación o expropiación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de «manos muertas»; es decir, dejaban de estar fuera del mercado, para convertirse en «bienes nacionales»; y segundo, la puesta en venta, mediante pública subasta, de los mismos. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades.

Con la desamortización de Mendizábal se pretendían lograr varios objetivos a la vez: ganar la guerra carlista; sanear la Hacienda Pública al incrementar los ingresos fiscales y eliminar la elevada deuda del Estado, al ofrecer a los compradores de bienes la posibilidad de que los pagaran con títulos emitidos por el Estado; ampliar el número de simpatizantes del liberalismo al atraerse a los burgueses con dinero, principales beneficiarios de la desamortización y que podían perderlos si triunfaba el carlismo; que el Estado pudiera solicitar nuevos préstamos, al gozar ahora la Hacienda Pública de mayor credibilidad, crear una clase media agraria de campesinos propietarios para aumentar la producción agrícola, la inversión y la riqueza nacional, financiar obras públicas de envergadura, como los ferrocarriles y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica, que de ser amortizada y colectiva pasaría a ser libre e individual. Pero había más: la Iglesia sería reformada y transformada en una institución del Nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado a mantener a los clérigos y a subvencionar el correspondiente culto.

Bienes desamortizados hasta 1845 por provincias

Mediante varias disposiciones legislativas aprobadas entre 1836 y 1837 se procedió a la desamortización de los bienes eclesiásticos. En los meses de febrero y marzo de 1836 se promulgan dos Reales Decretos sobre la disolución e incautación de bienes de las órdenes religiosas, con ellos se procedía a la nacionalización y venta en pública subasta al mejor postor de los bienes, rústicos y urbanos, muebles e inmuebles (edificios) y todos los enseres (incluidas valiosas bibliotecas y obras de arte) expropiados a la Iglesia. Primero, los pertenecientes al clero regular (monasterios y conventos); al año siguiente, en 1837, otra ley (Ley de Bienes Nacionales) amplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular (los de las catedrales e iglesias, en general), proceso que no culminó hasta 1841, durante la Regencia de Espartero. Quedaban excluidos de estas medidas los edificios destinados a la beneficiencia (hospicios, hospitales) y a la educación (universidades, colegios).

Una vez expropiados, los bienes eran subastados en presencia de un juez y adjudicados al mejor postor. Los compradores podían efectuar los pagos en un plazo de ocho años y abonar el precio en metálico (sólo ocurrió así en el 15% de las ventas) o en títulos de deuda pública (hoy día se conocen como letras del tesoro, bonos del estado y obligaciones del estado).

Valor de todas las desamortizaciones del siglo XIX

Consecuencias del proceso desamortizador

  • En cuanto a la producción agraria: a medio y largo plazo aumentó el volumen general de producción agrícola pasando de 10 millones de hectáreas cultivadas a los 16 millones; y se mejoraron y especializaron los cultivos (en el Levante las explotaciones hortofrutícolas y en Andalucía se extendió el olivar y la vid, se consolidó el cultivo de patata y maíz para el alimento, lo que supuso el principio del fin del hambre crónico para las clases más bajas).
  • En los aspectos sociales: se consolidó la existencia de un proletariado agrícola formado por más de dos millones de campesinos sin tierra (los jornaleros) sometidos a duras condiciones de trabajo de vida y trabajo solamente estacional. Además los beneficiarios de la desamortización serán los campesinos ricos (aristocracia terrateniente) y una burguesía urbana especuladora y absentista que emula a la vieja aristocracia.
  • Respecto de la estructura de la propiedad, apenas varió la situación desequilibrada de predominio del latifundismo en el centro y el sur peninsular y de minifundio en extensas zonas del norte y noroeste.
  • Se produjo una pérdida considerable del patrimonio cultural y artístico español al ser vendidos numerosos cuadros y libros valiosos de monasterios que fueron vendidos a precios bajos y acabaron en otros países, al quedar abandonados muchos edificios que quedaron en estado de ruina, aunque otros muchos se transformaron en edificios públicos y fueron conservados para albergar museos o bibliotecas públicas.
  • Transformación del modelo de ciudad: al generarse enormes plusvalías (altos beneficios económicos) entre la clase burguesa, que fue la más beneficiada por las compras de inmuebles, hizo que el centro de las ciudades se modernizara y se incrementara enormemente con los ensanches, la destrucción de las antiguas murallas medievales, la apertura de grandes vías y el crecimiento en altura de los edificios.
Revolución liberal (economía)

En conclusión, puede decirse que la revolución liberal conllevó una serie de medidas que supusieron el desmantelamiento definitivo del sistema político, social y económico del Antiguo Régimen y que las desamortizaciones, sobre todo la eclesiástica de Mendizábal, contribuyó a que la economía española se transformara definitivamente hacia el moderno sistema económico capitalista.

Desamortización de Mendizábal (1836)

HISTONIA DE ESPAÑA: II rEPÚBLICA

Tras la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, los sucesivos gobiernos de Berenguer y Aznar no consiguen restablecer un orden constitucional capaz de asegurar la pervivencia de la monarquía.

Las aspiraciones de democratización y modernización del país habían ido cobrando fuerza no sólo en sectores intelectuales y políticos sino también en los movimientos de masas. En este marco reivindicativo, la República se concibe como la forma de Estado más idónea para llevarlas a cabo.Llegada del Gobierno Provisional, para la apertura de las Cortes Constituyentes, 14 de julio 1931

Los hechos se suceden con rapidez. El 27 de agosto se firma el Pacto de San Sebastián

entre monárquicos desencantados, como Alcalá Zamora, republicanos y nacionalistas, y también algunos representantes de los socialistas. El 30 de diciembre tiene lugar la sublevación de Jaca encabezada por los militares Galán y García Hernández que, pese a su fracaso, serían considerados como los primeros héroes de la República.

El 12 de abril de 1931, como primer paso del programa electoral del almirante Aznar, se celebran las elecciones municipales, que se interpretan como un auténtico plebiscito entre monarquía y república. La victoria de los republicanos en la mayor parte de las capitales de provincia y, sobre todo, en Madrid, Barcelona y Valencia, se considera un triunfo indiscutible y en el plazo de cuarenta y ocho horas la bandera tricolor se iza en todas las fachadas de los ayuntamientos: “España se acostó monárquica y se levantó republicana”, diría el almirante Aznar. Así, dos días después de celebrarse los comicios, se proclama la República y el rey Alfonso XIII sale de España.

Inmediatamente, se forma un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, del partido de Derecha Liberal Republicana, que permanece hasta diciembre de 1931. La misma noche del 14 de abril, el Gobierno decreta una amnistía para los delitos políticos, sociales y de imprenta, pero el decreto más importante de este Gobierno provisional es el que fija su propio estatuto jurídico, estableciendo para su actuación un marco mínimo de garantías, como la libertad de cultos y creencias y  el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Cortes constituyentes, 1931-1933

Las elecciones a estas Cortes se rigen por la Ley electoral de 1907,  con algunos de sus artículos modificados por decreto de 8 de mayo de 1931. En dicho decreto se sustituyen los distritos electorales por circunscripciones provinciales con el fin de evitar prácticas caciquiles y añadir mayor proporcionalidad entre el número de electores y de elegibles, se incorpora a las mujeres y al clero a la calidad de elegibles y se reduce la edad exigida para ejercer el derecho a voto de los 25 a los 23 años.

Los resultados electorales dan una aplastante victoria a la conjunción republicano-socialista, integrada por un buen número de destacados  intelectuales: Unamuno, Marañón, Sánchez Román, Madariaga, Ortega y Gasset… (Miguel de Unamuno junto a los diputados de la circunscripción de Salamanca y credencial de José Ortega y Gasset por la de León,  en las elecciones de 28 de junio de  1931)

El 14 de julio de 1931 tiene lugar la apertura de las Cortes Constituyentes, en dicha sesión después del discurso del presidente del gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá Zamora se procede a elegir la mesa interina de las mismas, donde saldrá elegido Julián Besteiro como presidente  La sesión finaliza con el discurso del presidente que es acogido con grandes aplausos y muestras unánimes de asentimiento.

Se constituye una comisión parlamentaria, presidida por Luis Jiménez de Asúa, para  emitir dictamen sobre el texto constitucional. Enseguida afloran los puntos más conflictivos del debate: la cuestión religiosa (que provoca la dimisión de Alcalá Zamora como presidente del Consejo y su sustitución por Azaña), la relativa a la propiedad y la autonómica, así como el voto femenino, que da lugar a encendidos debates entre Victoria Kent y Clara Campoamor. (Diputadas por Madrid en las elecciones de 28 de junio de 1931) (Busto de Clara Campoamor, en metacrilato, vidrio y acero  por Marina Núñez, obra incorporada a la colección artística del Congreso de los Diputados con motivo del setenta y cinco aniversario del sufragio femenino en España, 2006)

Finalmente, la Constitución española de 1931 es aprobada el 9 de diciembre. Alcalá Zamora es nombrado Presidente de la República en la sesión solemne del día 15.

Se aprueban una serie de leyes que suponen importantes reformas sociales e institucionales, algunas de ellas antes de la Constitución, como la Ley de Defensa de la República, de 20 de octubre, o la que establece las atribuciones de la Comisión de Responsabilidades, de 27 de agosto.  La Ley de la Reforma Agraria tropieza pronto con las dificultades que entraña su aplicación. Gran relevancia tienen también las leyes de secularización de cementerios, matrimonio civil y divorcio, así como la de Asociaciones profesionales o la de Ordenación bancaria.

La Comisión Constitucional se encarga de los dos estatutos de autonomía que se tramitan en esta legislatura: el Estatuto de Cataluña y el del País Vasco. La Ley Orgánica de 14 de junio de 1933 regula el Tribunal de Garantías Constitucionales (parte1) y (parte 2), establecido en el artículo 122 de la Constitución.

Cortes, 1933-1935

En las elecciones celebradas el 19 de noviembre resultan vencedoras las fuerzas de la derecha, integradas en la C.E.D.A (Confederación española de derechas autónomas).

La labor rectificadora de este nuevo Gobierno y de estas nuevas Cortes respecto de la obra reformista del bienio anterior se pone enseguida de manifiesto, primero con decretos como el de abolición del de intensificación de cultivos o el de modificación de los jurados mixtos. Las Cortes aprueban la Ley Electoral, la de Amnistía, Arrendamientos y Reforma agraria.

Entre los hechos más relevantes de esta legislatura están los sucesos de octubre de 1934, con la proclamación del Estado Federado Catalán y la Revolución de Asturias.

Las normas de funcionamiento de la Cámara son las establecidas en el Reglamento Provisional de 1931, hasta que el 29 de noviembre de 1934 se aprueba un nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados.

Cortes 1936-1939

Las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936 dan la victoria a las fuerzas agrupadas en el Frente Popular, que obtienen 257 diputados. Antes de culminar el proceso electoral, pues aún debía celebrarse una segunda vuelta, y antes, por tanto, de constituirse las Cortes, Portela Valladares, encargado de gestionar las elecciones, abandona su cargo, creando así un vacío de poder que fuerza la inmediata formación de un Gobierno cuya presidencia asume Manuel Azaña.

La situación cada vez más tensa que se vive en el campo y en las ciudades se refleja en las discusiones de las Cortes, centradas sobre todo en el orden público. El teniente Castillo es asesinado por grupos armados de la derecha el día 12 de julio, y al día siguiente Calvo Sotelo por grupos armados de la izquierda. Finalmente, la sublevación militar estalla en Marruecos los días 17 y 18 de julio de 1936, extendiéndose a la península. Su fracaso da lugar a la Guerra Civil, que se prolonga hasta marzo de 1939.

El 1 de octubre de 1936 se suspenden las sesiones parlamentarias. Una parte de las Cortes se traslada a Valencia, iniciándose así una itinerancia (Valencia, Barcelona, San Cugat del Vallés, Sabadell y Figueras) que culmina con la celebración en París, ya en marzo de 1939, de las últimas reuniones de la Diputación Permanente, órgano que trata de asumir sus funciones constitucionales y delibera sobre la dimisión de Azaña como presidente de la República, el golpe del coronel Casado y la comparecencia de Negrín, último presidente del Consejo de Ministros, en la sesión celebrada los días 31 de marzo y 1 de abril de 1939.

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Historia de España

Esta semana en historia de España hemos dado la Ocupación Napoleónica:

Invasión napoleónica a España (1808) La invasión napoleónica a España se inició mediante una estratagema de Napoleón que a través del Tratado de Fontainebleaude logró acceso al territorio español para una invasión conjunta de Portugal, pero una vez en España las tropas napoleónicas iniciaron la ocupación estratégica de España. Síguenos en Facebook Twitter Instagram La invasión napoleónica a España, o invasión francesa a España durante la Guerra de la península ibérica se inició sigilosamente en 1808 durante la entrada autorizada de los ejércitos franceses al territorio español con motivo de la invasión a Portugal que había sido concertada entre franceses y españoles. Una vez que las fuerzas napoleónicas alcanzaron sus objetivos en Portugal se volvieron contra sus aliados y ocuparon territorios en España, culminando con las abdicaciones de Bayona y desatando el levantamiento de los españoles del 2 de mayo, así como la llamada Guerra de la Independencia Española. Bajo los términos del Tratado de Fontainebleau firmado secretamente entre Francia y España en octubre de 1807, las tropas francesas bajo el mando del general Jean-Andoche Junot tendrían acceso al territorio español para proceder con la invasión conjunta de Portugal. El tratado también establecía la división del territorio portugués en tres entidades: el norte sería entregado al antiguo rey de Etruria con el nombre de «Reino de Lusitania Septentrional», el sur sería entregado al primer ministro español con el nombre de «Principado de los Algarves» y el resto de los territorios quedarían bajo control de los franceses. Pero el cumplimiento del acuerdo no se encontraba en los planes de Napoleón.

Los franceses invadieron España primero sigilosamente durante el ataque conjunto franco-español a Portugal. Las tropas napoleónicas aprovecharon el paso por el territorio español para emprender una ocupación de facto. (Foto: Óleo sobre lienzo representando la Batalla de Tudela durante la Guerra de la Independencia Española)

Los franceses invadieron España primero sigilosamente durante el ataque conjunto franco-español a Portugal. Las tropas napoleónicas aprovecharon el paso por el territorio español para emprender una ocupación de facto. (Foto: Óleo sobre lienzo representando la Batalla de Tudela durante la Guerra de la Independencia Española) Los franceses invadieron España primero sigilosamente durante el ataque conjunto franco-español a Portugal. Las tropas napoleónicas aprovecharon el paso por el territorio español para emprender una ocupación de facto. (Foto: Óleo sobre lienzo representando la Batalla de Tudela durante la Guerra de la Independencia Española)

El 17 de noviembre las tropas franco-españolas al mando de Junot entraron en Portugal con destino a Lisboa sin encontrar resistencia. Pronto la presencia persistente de las tropas francesas en España se volvió sospechosa, sumándose el hecho que ocuparon ciudades que no se encontraban de camino a Portugal. El 22 de diciembre otro ejército francés liderado por Dupont con 22.000 efectivos de infantería y 3.500 de caballería entró en España sin anuencia de la Corte española; y el 9 de enero, cruzó la frontera franco-española otro ejército al mando de Moncey con 25.000 efectivos de infantería y 2.700 de caballería. Invasión napoleónica El 1 de febrero de 1808 el general Junot depuso a la dinastía Braganza en Portugal así como al consejo de regencia, y en contravención con lo previamente pactado con España en Fontainlebleau procedió a proclamar el gobierno imperial de Napoleón Bonaparte sobre todo el territorio portugués. Con el pretexto de reforzar el ejército franco-español en Portugal, un número importante de tropas imperiales francesas entraron en España donde fueron recibidas con entusiasmo por la población, a pesar del creciente malestar diplomático. Pero más tarde ese mes de febrero Napoleón se reveló contra su aliados españoles y ordenó a sus comandantes tomar las fortalezas españolas. Barcelona fue tomada el 29 de febrero cuando una columna francesa disfrazada como un convoy de soldados heridos lograron la entrada a la ciudad. Los 100.000 soldados del ejército real español se encontraron paralizados y pobremente equipados ante la estratagema francesa. Las tropas se encontraban confundidas ante los disturbios en Madrid, se encontraban frecuentemente sin líderes y sus fuerzas dispersadas desde Portugal hasta las Islas Baleares. Tropas profesionales de la división del norte lideradas por el general español Pedro Caro y Sureda habían sido asignadas a Napoleón en 1807 y permanecían todavía apostadas en Dinamarca bajo el comando de los franceses. Solo en las periferias de España hubo una respuesta efectiva contra los franceses. El ejército de Galicia bajo el mando de Joaquín Blake y el ejército de Andalusia bajo el mando de Francisco Javier Castaños lograron ambos contener la invasión francesa. Los franceses no tuvieron éxito en tomar gran parte del noreste de España pero tampoco pudieron los españoles repeler la invasión. España napoleónica España napoleónica es el término con describe al territorio español ocupado por las autoridades napoleónicas durante la guerra de la Independencia Española entre 1808 y 1813. Los territorios de España ocupados por los ejércitos franceses se establecieron en un Estado satélite del Primer Imperio Francés encabezado por el rey José I, hermano del emperador Napoleón. Guerra de la Independencia Española Guerra de la Independencia Española La invasión napoleónica de España, y más tarde los eventos ocurridos durante las abdicaciones de Bayona, fueron detonantes en la Guerra de la Independencia Española que siguió (o desde el punto de vista europeo: Guerra peninsular). Se trató de un conflicto bélico ocurrido entre 1808 y 1814 en el marco de las guerras napoleónicas por el control de la península ibérica. Repercusiones La invasión napoleónica a España y la consecuente Guerra de la Independencia Española fueron hechos históricos detonantes de la Guerra de independencia hispanoamericana, así como en el eventual proceso de descolonización de América.

–Fuente: https://www.lhistoria.com/espana/invasion-francesa-a-espana