La propiedad de la tierra durante el Antiguo Régimen
Durante muchos siglos y el propio siglo XIX, la agricultura fue la actividad más importante de la economía española, tanto por la población activa empleada (dos tercios del total) como por el volumen de riqueza generada. Sin embargo, hasta finales de siglo el campo español soportó una permanente situación de atraso como consecuencia de una desigual distribución de la tierra, de la ausencia de innovaciones tecnológicas y de los bajos rendimientos, todo ello sobre la base de unas condiciones físicas especiales (suelos y clima) que obstaculizaban el desarrollo del sector agrario en nuestro país. Por ello, era imprescindible poner en marcha una serie de medidas que transformaran la agricultura y la adaptaran al nuevo sistema económico capitalista.
En la España del Antiguo Régimen la propiedad de la tierra se repartía de forma desigual, acaparando gran cantidad de tierras los estamentos privilegiados (nobleza y clero), en tanto que una inmensa masa de campesinos carecía de ellas. Tierras que, por otro lado, y debido a la existencia de determinadas trabas jurídicas, no podían venderse. Así, las propiedades pertenecientes a la nobleza (señoríos jurisdiccionales) estaban sujetas al mayorazgo, que impedía su división y enajenación (venta o cesión de una propiedad). En cuanto a las propiedades de la Iglesia, considerada ésta como propietario colectivo, tampoco podían venderse pues eran definidos como «bienes de manos muertas«. En situación similar se encontraban los bienes de otro propietario colectivo: los municipios, dueños de bienes aprovechados comunitariamente por los vecinos (comunales) o explotados por el Ayuntamiento, para su administración (propios).
La revolución liberal
La revolución liberal, iniciada en las Cortes de Cádiz (1810-1813) e impulsada por diversos gobiernos progresistas como los del Trienio Liberal (1821-1823) y los de Mendizábal (1835-1837) durante la Regencia de Mª Cristina, llevó a cabo una serie de reformas económicas que eliminaron las trabas y limitaciones que imponía el Antiguo Régimen (señoríos, mayorazgo, bienes comunales y de propios, de manos muertas…), que impedían el desarrollo de la propiedad privada y del mercado libre.
- La disolución del régimen señorial (señoríos jurisdiccionales).
- La desvinculación de las tierras de los nobles y su salida al mercado libre (supresión de los mayorazgos).
- La eliminación del impuesto del diezmo en favor de la Iglesia, sustituido por un impuesto para el sostenimiento del clero.
- La desamortización de los bienes del clero y de los ayuntamientos.
Así, la disolución del régimen señorial, proceso iniciado en las Cortes de Cádiz y concluido en 1837, significó acabar con los derechos jurídicos que los nobles o señores poseían sobre sus vasallos que de este modo dejaron de serlo, al tiempo que los mismos nobles se convertían en propietarios particulares de las tierras pero con la salvedad de poder vender sus tierras libremente. Esa medida se acompaña de la desvinculación o supresión de los mayorazgos que significa la liquidación de las limitaciones jurídicas a la libre disposición sobre los bienes por parte de los nobles. Hay que recordar que dentro de las familias nobles, el mayorazgo era la herencia en bloque de todas las tierras al hijo varón mayor que así perpetuaba la posición privilegiada del estamento de los nobles. Con su desvinculación, los bienes de la nobleza fueron declarados libres y, por tanto, podían ser vendidos por sus titulares, cosa que hasta entonces no estaba permitido.
Aclarar que la palabra desvinculación se aplicaba a los bienes de los seglares, y la de desamortización, a los bienes de los eclesiásticos.
Las reformas liberales del reinado de Isabel IIª
Fernando VII siempre apoyó el absolutismo y se opuso a las reformas liberales, salvo cuando fue obligado durante el Trienio Liberal. Así, el largo reinado de Isabel IIª (1833-1868) supuso para la Historia de España, una época de profundos cambios, durante el cual se produjo la transición política desde el absolutismo monárquico al liberalismo y el paso de una economía y sociedad propias del Antiguo Régimen a un sistema capitalista moderno. Es lo que conocemos como revolución liberal-burguesa o consolidación del sistema político liberal en España, fue un proceso complejo, lleno de cambios y de agitación política, puesto que se puso en marcha bajo la oposición del carlismo (una nueva versión del absolutismo) y con la intervención constante de los militares en los asuntos políticos (pronunciamientos liberales). El liberalismo llegó de la mano de dos partidos políticos que se fueron alternando en el poder: los moderados y los progresistas, liderados por políticos como Martínez de la Rosa o Narváez entre los moderados y Mendizábal o Espartero entre los progresistas. Fuera del sistema de partidos liberales quedaba el carlismo, que reclamaba el trono español para el pretendiente Carlos Mª Isidro y que fue apoyado por la Iglesia española (sobre todo su jerarquía eclesiástica) y amplios sectores del campesinado conservador en la 1ª guerra carlista (1833-1840) durante la Regencia de María Cristina de Borbón.
Al comienzo de la primera regencia, la Reina Mª Cristina encarga formar gobierno al liberal moderado Martínez de la Rosa pero su gobierno fracasa a pesar de las reformas iniciadas (Estatuto Real, nueva división provincial de Javier de Burgos, liberalización del comercio, industria y transportes, libertad de prensa limitada y restablecimiento de la Milicia Nacional). Así, en 1834 y 1835, la guerra carlista y la desastrosa situación económica del país provocaron sublevaciones y revueltas que llevaron al gobierno a los progresistas, con Juan Álvarez Mendizábal al frente, que inmediatamente inició una serie de reformas con el fin de recabar fondos para ganar la guerra carlista y eliminar, al mismo tiempo, la deuda pública. Esas reformas se concretaron en el Real Decreto de 19 de febrero de 1836 declarando la venta de los bienes del clero, más conocido como «desamortización de Mendizábal» por el político liberal progresista que la promovió y que entonces aunaba de manera interina y excepcional los cargos de presidente del gobierno y el de ministro de Hacienda. Aunque Mendizábal fue pronto destituido como jefe de gobierno y ministro las reformas liberales continuaron, fruto de ello se elaboró una nueva Constitución en 1837.
El proceso desamortizador
Aunque el proceso desamortizador se vincula normalmente a la revolución liberal burguesa del siglo XIX y especialmente a los gobiernos liberales, ya había comenzado de algún modo el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III con la expulsión de la orden religiosa de los jesuitas en 1767. Este dilatado proceso de ventas no fue continuo, sino resultado de varias desamortizaciones: la de Godoy, ministro de Carlos IV (1798); la de las Cortes de Cádiz (enero y septiembre de 1813); la del Trienio Liberal (1820-1823); la de Mendizábal (1836) y cuyas ventas se prolongaron hasta 1851, y la de Pascual Madoz (1855), cuyas ventas afectaron sobre todo a los bienes de propios y comunes de los ayuntamientos que se prolongaron hasta 1924.
La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego el de los bienes de los pueblos, fue la medida práctica de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales, y se desarrolló durante todo el siglo XIX e incluso del XX. El hecho de desamortizar tales bienes suponía dos momentos bien diferenciados: primero, la incautación o expropiación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de «manos muertas»; es decir, dejaban de estar fuera del mercado, para convertirse en «bienes nacionales»; y segundo, la puesta en venta, mediante pública subasta, de los mismos. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades.
Con la desamortización de Mendizábal se pretendían lograr varios objetivos a la vez: ganar la guerra carlista; sanear la Hacienda Pública al incrementar los ingresos fiscales y eliminar la elevada deuda del Estado, al ofrecer a los compradores de bienes la posibilidad de que los pagaran con títulos emitidos por el Estado; ampliar el número de simpatizantes del liberalismo al atraerse a los burgueses con dinero, principales beneficiarios de la desamortización y que podían perderlos si triunfaba el carlismo; que el Estado pudiera solicitar nuevos préstamos, al gozar ahora la Hacienda Pública de mayor credibilidad, crear una clase media agraria de campesinos propietarios para aumentar la producción agrícola, la inversión y la riqueza nacional, financiar obras públicas de envergadura, como los ferrocarriles y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica, que de ser amortizada y colectiva pasaría a ser libre e individual. Pero había más: la Iglesia sería reformada y transformada en una institución del Nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado a mantener a los clérigos y a subvencionar el correspondiente culto.
Mediante varias disposiciones legislativas aprobadas entre 1836 y 1837 se procedió a la desamortización de los bienes eclesiásticos. En los meses de febrero y marzo de 1836 se promulgan dos Reales Decretos sobre la disolución e incautación de bienes de las órdenes religiosas, con ellos se procedía a la nacionalización y venta en pública subasta al mejor postor de los bienes, rústicos y urbanos, muebles e inmuebles (edificios) y todos los enseres (incluidas valiosas bibliotecas y obras de arte) expropiados a la Iglesia. Primero, los pertenecientes al clero regular (monasterios y conventos); al año siguiente, en 1837, otra ley (Ley de Bienes Nacionales) amplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular (los de las catedrales e iglesias, en general), proceso que no culminó hasta 1841, durante la Regencia de Espartero. Quedaban excluidos de estas medidas los edificios destinados a la beneficiencia (hospicios, hospitales) y a la educación (universidades, colegios).
Una vez expropiados, los bienes eran subastados en presencia de un juez y adjudicados al mejor postor. Los compradores podían efectuar los pagos en un plazo de ocho años y abonar el precio en metálico (sólo ocurrió así en el 15% de las ventas) o en títulos de deuda pública (hoy día se conocen como letras del tesoro, bonos del estado y obligaciones del estado).
Consecuencias del proceso desamortizador
- En cuanto a la producción agraria: a medio y largo plazo aumentó el volumen general de producción agrícola pasando de 10 millones de hectáreas cultivadas a los 16 millones; y se mejoraron y especializaron los cultivos (en el Levante las explotaciones hortofrutícolas y en Andalucía se extendió el olivar y la vid, se consolidó el cultivo de patata y maíz para el alimento, lo que supuso el principio del fin del hambre crónico para las clases más bajas).
- En los aspectos sociales: se consolidó la existencia de un proletariado agrícola formado por más de dos millones de campesinos sin tierra (los jornaleros) sometidos a duras condiciones de trabajo de vida y trabajo solamente estacional. Además los beneficiarios de la desamortización serán los campesinos ricos (aristocracia terrateniente) y una burguesía urbana especuladora y absentista que emula a la vieja aristocracia.
- Respecto de la estructura de la propiedad, apenas varió la situación desequilibrada de predominio del latifundismo en el centro y el sur peninsular y de minifundio en extensas zonas del norte y noroeste.
- Se produjo una pérdida considerable del patrimonio cultural y artístico español al ser vendidos numerosos cuadros y libros valiosos de monasterios que fueron vendidos a precios bajos y acabaron en otros países, al quedar abandonados muchos edificios que quedaron en estado de ruina, aunque otros muchos se transformaron en edificios públicos y fueron conservados para albergar museos o bibliotecas públicas.
- Transformación del modelo de ciudad: al generarse enormes plusvalías (altos beneficios económicos) entre la clase burguesa, que fue la más beneficiada por las compras de inmuebles, hizo que el centro de las ciudades se modernizara y se incrementara enormemente con los ensanches, la destrucción de las antiguas murallas medievales, la apertura de grandes vías y el crecimiento en altura de los edificios.
En conclusión, puede decirse que la revolución liberal conllevó una serie de medidas que supusieron el desmantelamiento definitivo del sistema político, social y económico del Antiguo Régimen y que las desamortizaciones, sobre todo la eclesiástica de Mendizábal, contribuyó a que la economía española se transformara definitivamente hacia el moderno sistema económico capitalista.
Desamortización de Mendizábal (1836)
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